LA UNIVERSIDAD QUE DEBE SER.

El modelo de administración de las  universidades públicas ha llegado a un punto de desgaste y agotamiento del que no hay vuelta atrás.

La Universidad de Panamá hizo importantes avances y un valioso esfuerzo de adecuación a los nuevos paradigmas sociales con la Ley 24 de 2005 y la reforma a su Estatuto con el que se eliminó el nefasto decreto de la dictadura que reglamentaba la vida interna de la institución; pero aún así estas reformas no fueron suficientes para avanzar hacia un modelo de administración que garantice transparencia, justicia, democracia y que se cumplan los fines y principios de la institución.

Las creaciones posteriores de otras universidades estatales especializadas estructuraron modelos de administración sustentados en copias desfiguradas de los órganos de gobernanza ya anacrónicos y antidemocráticos de la Universidad de Panamá, por lo que fácilmente se convirtieron en castillos de invierno o casas de veraneo de los políticos tradicionales cuando temporalmente salen del gobierno nacional.

Si bien es cierto son instituciones académicas, sus directivos son administradores de los bienes del Estado, y tienen un poder desmedido sobre los recursos y las vidas de los trabajadores docentes y no docentes, y sobre el estudiantado.

Los órganos de cogobierno no garantizan una participación independiente  de todos los estamentos, y se convierten en replicantes de la línea política que emane del grupo que controle la administración central. Es decir, las reglas del juego están diseñadas para siempre favorecer a un mismo sector que se enquista en el poder de todas estas universidades, y ejercen ese poder sin contrapesos.

La importancia de la libertad de expresión, de organización, la participación triestamentaria igualitaria en los órganos de cogobierno es para garantizar los contrapesos, la representación de las minorías, la diversidad, la pluralidad de pensamiento y la criticidad  que eviten los abusos del poder.

Hay una ausencia de reglamentaciones internas para ponerle límites a las actuaciones de la vieja casta docente, mientras que hay un andamiaje pesado para perseguir a quienes ejercen el derecho a ser oposición.

¿Cómo se manifiesta esto en la cotidianeidad de la vida universitaria?: han sido administradas a través del miedo, de las amenazas de perder las horas de clases, de la precariedad e inestabilidad laboral, el hostigamiento, la persecución política, y en consecuencia… de la pérdida de perspectiva académica y de la función social de la educación superior pública.

Un gran enemigo de la democracia del que casi nunca se habla es la inestabilidad laboral, y hoy en día hay miles de trabajadores docentes y no docentes en esa situación, que es la principal fuente de alimento del clientelismo político.

Es fundamental que los trabajadores docentes y no docentes de las universidades estatales que seguimos creyendo en el ejercicio de las libertades y derechos individuales y colectivos, presentemos una alternativa de gestión universitaria basada en los valores democráticos, la transparencia y el ejercicio ético del poder.

Estamos en una hora crítica en la que los corruptos de siempre han puesto en bandeja de plata nuestras instituciones a los enemigos de los servicios públicos que sueñan con privatizarlos. Es nuestra responsabilidad histórica presentar una propuesta de universidades renovadas con verdaderos equilibrios, equidad, justicia laboral, con estructuras de gobernanza democráticas, con regímenes disciplinarios justos y transparentes para todos los estamentos, y con códigos de éticas que sean igual de válidos que los requisitos académicos para ejercer la docencia y los cargos de mando y jurisdicción.

Si desde adentro de nuestras universidades no presentamos una alternativa coherente de instituciones que puedan ser administradas en base a los consensos, a la verdadera academia y a la justicia laboral y social, nos veremos superados por las circunstancias con el peligro real de perder todo por lo que han luchado generaciones que han creído en la educación liberadora, laica, científica.

O cambiamos desde adentro para mejor, o seremos intervenidos. Entendemos que no todos quienes critican a nuestras universidades lo hacen malintencionadamente, pero las autoridades universitarias no comprenden que su cuestionable accionar sigue poniendo en peligro nuestra autonomía al pretender que es un blindaje para sus deplorables actuaciones y excesos en el ejercicio de sus funciones.

Esta tercera vía, esta alternativa democrática que presentamos nosotros, diferenciada de quienes quieren el intervencionismo desde afuera y de quienes desean mantener la corrupción y el leseferismo desde adentro, es la que garantizará mantener las universidades estatales al servicio de los intereses del pueblo, autónomas y manteniendo la conciencia crítica de la Nación.